Les Membres

La Alta Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública es una institución independiente cuya función es promover la integridad de la vida pública en Francia. Su acción combina tanto la prevención como el control.

Casi 14.000 funcionarios públicos (funcionarios electos y altos funcionarios) en el país están sujetos a obligaciones de presentación de informes y deben respetar obligaciones éticas reforzadas para garantizar que desempeñan sus funciones y actividades con dignidad, probidad e integridad.

En este sentido, a la Alta Autoridad le corresponde controlar sus declaraciones de bienes y sus declaraciones de intereses; en particular, verifica que no se enriquezcan ilícitamente y que sus intereses personales no interfieran con sus responsabilidades públicas. Para los miembros del Gobierno, también comprueba su situación fiscal.

También controla la “puerta giratoria” de algunos de ellos, es decir el hecho de pasar a trabajar en el sector privado después de sus responsabilidades públicas. Esto incluye garantizar que esta salida no cree una situación de conflicto de intereses vinculada a la mezcla de las esferas pública y privada.

La Alta Autoridad también asesora a las instituciones públicas en materia de ética. Responde a sus solicitudes de opiniones y les apoya en la implementación de medidas para prevenir conflictos de intereses locales que sean útiles para el correcto funcionamiento de sus servicios.

Desde 2017, la Alta Autoridad también es responsable de regular las actividades de lobby. Gestiona un directorio de representantes de intereses obligatorio para todas las empresas y asociaciones privadas que quieran influir en el desarrollo de una decisión pública entrando en contacto con funcionarios públicos.

Finalmente, participa en la promoción de la transparencia haciendo públicas (en datos abiertos) determinadas declaraciones de bienes e intereses de las que es destinatario, así como el directorio de representantes de intereses. Esta publicidad permite a los ciudadanos saber quiénes son sus representantes electos y qué interacciones existen entre los funcionarios públicos y los cabilderos en el proceso de toma de decisiones públicas.

Para poder desempeñar plenamente sus misiones, la Alta Autoridad dispone de amplios poderes, concedidos por la ley. Tiene acceso a información administrativa y puede, por ejemplo, transmitir, en los casos más graves, determinados expedientes a los tribunales para que se puedan iniciar procedimientos penales. También tiene la facultad de tomar medidas cautelares para poner fin a los conflictos de intereses.

Su independencia está garantizada por el funcionamiento de su colegio y su autonomía administrativa y financiera.